Miles de marroquíes cobraron ayudas de la Generalitat catalana viviendo en Marruecos

Tras 18 días de crisis social generada por la caótica revisión de la Renta Mínima de Inserción (RMI), los consejeros de Empresa y de Bienestar Social de Cataluña hicieron ayer su primera manifestación pública.


Pero, cada uno, con actitudes radicalmente diferentes. Mientras el primero, Francesc Xavier Mena, lanzó duros mensajes contra los beneficiarios de la ayuda (especialmente los marroquíes) por un supuesto fraude masivo en su cobro, Josep Lluís Cleries pidió disculpas a los afectados por las molestias causadas.

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La crisis de la RMI se inició el día 1 de agosto, cuando los 34.000 beneficiarios de la ayuda no habían recibido la transferencia habitual de 420 euros. La Generalitat había decidido, sin avisar, que el mes de agosto se cobraría con un cheque bancario que los beneficiarios debían recibir en su domicilio por correo certificado. A fecha de ayer, el consejero de Empresa aseguró que el 25% todavía no había cobrado (Cleries rebajó el porcentaje al 20%).

Este cambio en el cobro tenía por objetivo, según Mena, luchar contra el fraude. El consejero explicó, en una entrevista en Catalunya Ràdio, diferentes prácticas fraudulentas con las que quieren acabar y acusó al anterior gobierno tripartito de falta de control sobre este programa de ayudas.

Los motivos han indignado al colectivo de los trabajadores sociales, que ayer defendieron su gestión, así como las revisiones periódicas que realizan. Unos 300 trabajadores protestaron ayer ante la Generalitat por el caos de la renta mínima.

Cáritas y empleados sociales defienden el rigor en el pago de la renta mínima

Mena y Cleries deberán explicarse con más detalle el próximo 26 de agosto ante la Diputación Permanente del Parlament, una comparecencia forzada por los grupos del PSC, ICV-EUiA y ERC.

De los 34.000 expedientes que forman parte del programa de la RMI (que cuenta con una dotación de 130 millones de euros y beneficia a unas 110.000 personas), el Departamento de Empresa revisará 20.000 entre agosto y septiembre. Pero desde principios de año el consejero ha asegurado que se están analizando los expedientes.

Uno de los fraudes habituales detectados, según el consejero Francesc Xavier Mena, son los casos de inmigrantes que han vuelto a su país y siguen cobrando la ayuda. Entre ellos, “muchos” de los más de 9.000 marroquíes que cobran actualmente la RMI. “Y lo sabemos porque hemos detectado que se estaban haciendo transferencias a entidades bancarias de todo el mundo”, justificó.

Desde Cáritas dudan de la magnitud de este fraude y recuerdan que la Generalitat puede evitar este tipo de casos, ya que es el Gobierno quien da la orden de pago de las ayudas. Tampoco los trabajadores sociales aceptan los argumentos del consejero. Mónica, empleada social del Ayuntamiento de Barcelona, apunta que se revisa cada caso dos veces al año y que, si se sospecha que hay un fraude, se suele pedir el pasaporte a los inmigrantes para controlar sus viajes al extranjero.

Patronal, sindicatos y expertos se suman a las críticas contra Mena y Cleries

Otra de las prácticas con las que Mena quiere acabar es la posibilidad de complementar la RMI con otras ayudas o ingresos irregulares. El Departamento ha detectado que actualmente hay 4.000 beneficiarios que cobran por encima del salario mínimo, cosa que desincentiva, según el consejero, a sus titulares a buscar trabajo. “Hay gente que cobra más de la RMI que trabajando”, denunció.

El consejero puso como ejemplo de fraude al imán de Lleida, Abdelwahab Houzi, al cual se le ha retirado la ayuda. El alcalde, Àngel Ros, aseguró ayer que el Ayuntamiento informó a la Generalitat de la irregularidad hace un año y criticó a Mena por airear información confidencial de usuarios de los servicios sociales.

Una trabajadora social de Barcelona explicó un ejemplo contrario: una madre soltera, con siete hijos, que debe mantener a toda la familia con lo que recibe de la RMI, más los pluses por los hijos: en total, casi 900 euros. Con el reciente cambio en la normativa, no podrá recibir más de 634, el salario mínimo interprofesional.

El titular de Empresa insistió en que otorgando los subsidios como hasta ahora se pierde el objetivo de la ayuda: fomentar la reinserción laboral y social de las personas en riesgo de exclusión.

Sindicatos, entidades y trabajadores sociales rechazaron estas justificaciones. “No hay cursos de formación suficientes para dar respuesta a todos”, se quejó Cáritas. De hecho, prácticamente no se ha impartido ningún curso de formación para parados desde principios de año, ya que la Generalitat los ha retrasado, a pesar de disponer de la financiación.

Desde Cáritas reclaman más políticas de ocupación “porque la gente que cobra la RMI lo que quiere es trabajar”. En esta línea también se expresa un informe del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC), formado por patronales, sindicatos y expertos, que asegura que el aumento de solicitudes de la RMI “muestra la dramática situación de nuestro mercado de trabajo, incapaz de proporcionar ocupación”.

El consejero Mena no supo ayer cuantificar el fraude detectado en el programa de ayuda de la renta mínima, pero sí achacó la existencia de irregularidades a la falta de control de los anteriores gobiernos. “No ha habido seguimiento del fraude”, ha criticado.

De los 34.000 expedientes que forman parte del programa de la RMI (que cuenta con una dotación de 130 millones de euros y beneficia a unas 110.000 personas), el Departamento de Empresa revisará 20.000 entre agosto y septiembre. Pero desde principios de año el consejero ha asegurado que se están analizando los expedientes.

Uno de los fraudes habituales detectados, según el consejero Francesc Xavier Mena, son los casos de inmigrantes que han vuelto a su país y siguen cobrando la ayuda. Entre ellos, “muchos” de los más de 9.000 marroquíes que cobran actualmente la RMI. “Y lo sabemos porque hemos detectado que se estaban haciendo transferencias a entidades bancarias de todo el mundo”, justificó.

Desde Cáritas dudan de la magnitud de este fraude y recuerdan que la Generalitat puede evitar este tipo de casos, ya que es el Gobierno quien da la orden de pago de las ayudas. Tampoco los trabajadores sociales aceptan los argumentos del consejero. Mónica, empleada social del Ayuntamiento de Barcelona, apunta que se revisa cada caso dos veces al año y que, si se sospecha que hay un fraude, se suele pedir el pasaporte a los inmigrantes para controlar sus viajes al extranjero.

Otra de las prácticas con las que Mena quiere acabar es la posibilidad de complementar la RMI con otras ayudas o ingresos irregulares. El Departamento ha detectado que actualmente hay 4.000 beneficiarios que cobran por encima del salario mínimo, cosa que desincentiva, según el consejero, a sus titulares a buscar trabajo. “Hay gente que cobra más de la RMI que trabajando”, denunció.

El consejero puso como ejemplo de fraude al imán de Lleida, Abdelwahab Houzi, al cual se le ha retirado la ayuda. El alcalde, Àngel Ros, aseguró ayer que el Ayuntamiento informó a la Generalitat de la irregularidad hace un año y criticó a Mena por airear información confidencial de usuarios de los servicios sociales.

Una trabajadora social de Barcelona explicó un ejemplo contrario: una madre soltera, con siete hijos, que debe mantener a toda la familia con lo que recibe de la RMI, más los pluses por los hijos: en total, casi 900 euros. Con el reciente cambio en la normativa, no podrá recibir más de 634, el salario mínimo interprofesional.

El titular de Empresa insistió en que otorgando los subsidios como hasta ahora se pierde el objetivo de la ayuda: fomentar la reinserción laboral y social de las personas en riesgo de exclusión.

Sindicatos, entidades y trabajadores sociales rechazaron estas justificaciones. “No hay cursos de formación suficientes para dar respuesta a todos”, se quejó Cáritas. De hecho, prácticamente no se ha impartido ningún curso de formación para parados desde principios de año, ya que la Generalitat los ha retrasado, a pesar de disponer de la financiación.

Desde Cáritas reclaman más políticas de ocupación “porque la gente que cobra la RMI lo que quiere es trabajar”. En esta línea también se expresa un informe del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC), formado por patronales, sindicatos y expertos, que asegura que el aumento de solicitudes de la RMI “muestra la dramática situación de nuestro mercado de trabajo, incapaz de proporcionar ocupación”.

El consejero Mena no supo ayer cuantificar el fraude detectado en el programa de ayuda de la renta mínima, pero sí achacó la existencia de irregularidades a la falta de control de los anteriores gobiernos. “No ha habido seguimiento del fraude”, ha criticado.

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